sábado, 3 de julio de 2010

LAS EMERGENCIAS DEL LOBO, EL ANIVERSARIO DEL FNRP Y EL FANTASMA DE...

A tiempo que el planeta se concentra en la cada vez más emocionante etapa final de la copa del mundo, mientras bajo la superficie política internacional se mueve lo que algunos analistas temen será la primera guerra nuclear de la humanidad (y quizá la última), nosotros, desde Honduras, podemos apreciar como poco a poco se posicionan las fuerzas surgidas a raíz del Golpe de Estado del 2009.

La selección hondureña volvió a casa, muy a pesar de los hondureños y más aún de la oligarquía mediática que apostó por seguir explotando la fiebre del futbol. Con la selección, volvió la extensa delegación oficial que haciendo lujo de su histórica irresponsabilidad, se dio una vacación para disfrutar de los partidos de la H.

Y si bien popularmente el viaje fue censurado, da la impresión que fue altamente aprovechado por los grupos golpistas, pues pareciera que con el viaje se arreglaron las diferencias entre las distintas facciones de la derecha.

Lejos quedó la denuncia de Lobo Sosa, quien advirtió el pasado mes de mayo de un nuevo Golpe de Estado fraguándose en su contra y ahora le resta importancia; desapareció también la amenaza del grupo de voceros de la ultra derecha quienes en su momento amenazaron con piyamas limpias y planchadas para la crisis política y hoy aprueban las acciones de la administración coincidiendo incluso con el tema de las órdenes de captura a Zelaya. No es casual, en ese sentido, que el “negociador” nombrado por Lobo Sosa para discutir el retorno de Zelaya sea el mismo Arturo Corrales Álvarez que representó a Micheletti durante el acuerdo San José-Tegucigalpa-diálogo Guaymuras.
A tal grado ha llegado esta “reconciliación”, que vemos como la embajada de Estados Unidos, conmemorando un año más de su independencia, corrió invitaciones a varios altos ex funcionarios del gobierno de Mel Zelaya, quienes compartiendo la mesa con los actuales administradores del Estado, disfrutaron de las ricas conversaciones y rieron, como en los viejos tiempos aquellos, cuando no habían Golpes de Estado que limpiar, ni Resistentes que manchen las paredes.

Un ausente hubo sí en la fiesta del 4 de Julio en Tegucigalpa, un fantasma que ensombrece la imagen del Embajador Lloren, recordando de alguna manera el caso de Rodrigo Rossemberg en la vecina Guatemala. Roland Valenzuela, amigo cercano del presidente Zelaya, quien murió asesinado el pasado 16 de Julio a manos (supuestamente) del empresario Carlos Kattan y quien dejó una interesante entrevista en donde se involucra de lleno a personalidades como Jackeline Foglia Sandoval, oficial de logística del ejercito y supuesta agente de la CIA, así como al Departamento de Estado Norteamericano en la planificación del Golpe de Estado contra Zelaya, coincidiendo esto con la denuncia hecha por el propio Presidente en el exilio, quien aseguró que “Si Estados Unidos saca sus manos de Honduras, los hondureños podemos entendernos”.

Estas acusaciones han sido rechazadas de plano por la embajada de Estados Unidos por “absurda”, según las palabras del embajador Llorens en declaraciones a Telesur, quien además acusó al Presitende Zelaya de tener una conducta errática. “Francamente, no era fácil hacer esto (hablar) con el a menudo impredecible ex-presidente Zelaya, pero me mantuve fiel a mi tarea. (…) mi gobierno y yo veíamos cada vez, y con profunda preocupación la ruptura del diálogo político entre el ex-presidente y las demás instituciones del Estado” Dijo Lloren.

La invitación hecha a los altos exfuncionarios del Zelayismo para la fiesta del 4 de Julio, así como los decalificativos de errático y aburdo para el Presidente Zelaya, podría verse como un intento por enterrar el fantasma de Roland Valenzuela, aislando aun más al presidente Zelaya de sus cercanos colaboradores y quitarle peso a la denuncia interpuesta en contra del Gobierno de Obama.

Paralelamente y luego de su regreso de Suráfrica, el señor Lobo decretó un segundo estado de emergencia nacional en el mes de Junio.

El primer estado de emergencia fue a principios del mes, cuando a causa de la tormenta tropical Agatha, que si bien dejó 14 muertes (igualmente desastrosas son todas las tormentas tropicales que llegan al país), no fue al nivel que la prensa y el Gobierno de Unidad Nacional quisieron hacernos ver.

El segundo estado de emergencia fue al retorno del Lobo Sosa, coincidiendo con el aniversario del FNRP y cuando era claro ya que la selección no pasaría de la primera fase.

Todos sabemos lo catastrófico que es el dengue en nuestro país. Muchos hemos perdido algún familiar o amigo por esta enfermedad, más aun en los últimos años, en donde la infraestructura médica y de salud pública ha colapsado vulnerabilizando, aún más, a grandes sectores de la población. Sin embargo llama la atención ver que el estado de emergencia se decreta en un espinoso momento político usando como justificación las 14 muertes que el mal ha causado en lo que va del 2010.

Sería interesante conocer las cifras registradas para los primeros 6 meses de los años anteriores, sin embargo lo que se conoce es que en el 2009 se registraron más de 12 en todo el año, 16 en el 2008 y 15 en el 2007. Viéndolo superficialmente, coincidimos que hay un aumento porcentual de casos registrados y sin entrar a discutir sobre las causas del aumento, cabe sí preguntarse si es justificación suficiente para el decreto de emergencia o solamente una excusa para militarizar las ciudades.

Y no es que no sea importante combatir el dengue o hacer uso de toda la infraestructura estatal para erradicar el mosquito transmisor. Pero llama la atención ver como con la justificación de ambas emergencias nacionales el gobierno de Lobo Sosa ha mantenido a las Fuerzas Armadas en las calles por más de un mes aumentando el nivel de intimidación para las organizaciones y personas que componen el FNRP.

Porque la violencia política y la violación a los Derechos Humanos sigue siendo el talón de Aquiles que impiden el total reconocimiento del Gobierno de Lobo Sosa a nivel nacional e internacional. Como la denuncia hecha el pasado domingo 27 del ilegal arresto y posterior liberación de Bertha Cáceres, líder indígena de COPINH, a quien se le decomisaron cerca de 500 firmas de la declaración soberana, así como la detención y tortura el pasado 29 de Edwin Espinal, conocido activista del FNRP en la ciudad de Tegucigalpa. Esto no hace sino aumentar la preocupación en la base del frente, pues deja claro que el reconocimiento internacional no reducirá los ataques selectivos contra los líderes populares.

Esta preocupación se encuentra plasmada de alguna manera en la carta enviada por varios senadores a la Secretaria de Estado Norteamericano Hilari Clinton, en donde piden le ordene al Secretario Adjunto, Michael Posner, “que visite Honduras con el propósito de recopilar los hechos relacionados con la actual situación de los derechos humanos y politicos”, pidiendole además que informe sobre los asesinatos, asaltos, amenazas y exilio de periodistas, miembros del Movimiento de Resistencia, sindicatos de trabajadores, de las comunidades afro-hondureñas, indígenas y de las minorías sexuales, la expulsión decretada por la Corte Suprema de justicia (de los jueces y magistrados) que se opusieron al golpe de Estado, los recursos disponibles y el mandato para Ana Pineda, asesora especial del Presidente Lobo en derechos humanos, para que pueda realizar su trabajo y el potencial de la Comisión de la Verdad para conducir al país hacia la justicia y la reconciliación.

Dicha carta, si bien congruente con la dinámica bipolar del estado norteamericano, indica claramente el camino que debe seguir la administración Lobo para lograr el pleno reconocimiento de todos los países de la region.

En ese sentido y cediendo a la presión del G16 reunido en conjunto el pasado 24 de Junio, la Fiscalía General de la República anunció a travez de un comunicado difundido a principios de la semana, que archivaría los casos que siguen en contra del presidente Zelaya. La Corte Suprema de Justicia no se ha manifestado al respecto, si bien ellos son quienes dan las órdenes de captura, -la fiscalía solo las pide-, porque el comunicado coincidió con las vacaciones del poder judicial. Ha servido sí para lograr la incorporación de Honduras, a pesar de la ausencia de Ortega, en la última asamblea del Sistema de Integración Centro Americana (SICA).

“Consideramos que el SICA debe esperar a que la OEA se pronuncie para que acate lo que diga ese organismo regional”, señaló el mandatario Nicaragüense en un discurso durante un encuentro en Managua con diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y sus palabras, lejos de desautorizar la desición del SICA, indican lo que probablemente será la resolución de la OEA en la próxima asamblea.

Oscar Estrada
3 de Julio 2010

Oposición costarricense rechaza ingreso de 46 buques de guerra y 7 mil marines de EE.UU.

 Los estadounidenses establecerán 46 buques y 7 mil efectivos de  sus fuerzas navales en Costa Rica. (Foto: Archivo)
Los estadounidenses establecerán 46 buques y 7 mil efectivos de sus fuerzas navales en Costa Rica. (Foto: Archivo)

La oposición costarricense rechazó enfáticamente este sábado la resolución de la Asamblea Legislativa de permitir el ingreso al país de 46 buques de guerra y 7 mil marines de EE.UU. con la excusa de hacer frente al narcotráfico. Diputados de oposición indicaron que presentarían un recurso de amparo contra esta disposición por considerarla ilegal y porque transgrede un acuerdo bilateral firmado hace diez años en el que se permitía el ingreso de guardacostas norteamericanos.



La oposición costarricense rechazó la resolución del Parlamento del país de autorizar el ingreso desde el 1 de julio venidero, de 46 buques de guerra y 7 mil marines estadounidenses al territorio, algo que calificaron de ilegal y violatorio a la soberanía.

Este viernes la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, con 31 votos a favor y ocho en contra, la entrada de las fuerzas militares norteamericanas que se quedarán en la nación centroamericana entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010 con la excusa de luchar en contra del narcotráfico.

Los partidos que rechazaron la decisión de la Asamblea fueron Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC), que expresaron que la presencia militar estadounidense no es proporcional al objetivo que venían a cumplir que es el de combatir el tráfico de drogas.

Desde el 1 de julio próximo, Estados Unidos (EE.UU.) trasladará al territorio costarricense unos buques capaces de transportar 200 helicópteros y aviones de guerra, así como también naves parecidas al catamarán y un buque hospital.

El diputado del PUSC, Luis Fishman, opinó que permitir la entrada de esta Ejército es ''dar un cheque en blanco. No podemos ser partícipes de un acto ilegal, no permitiremos que se rompa la Constitución", indicó.

El legislador del FA, José María Villalta, mencionó el convenio bilateral que se firmó diez años atrás, el cual permitía el ingreso de guardacostas de EE.UU., sin embargo, nunca se mencionó tropas militares y equipo naval.

También criticó las condiciones bajo las cuales las fuerzas navales estarán en el país centroamericano, puesto que tendrán libertad plena para efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su misión.

El Frente Amplio invitó a la población a reflexionar sobre la importancia que tiene la región para los norteamericanos, que es considerada por ellos su área de influencia.

También aludió a la la estrategia estadounidense de dominar la región centroamericana en su totalidad tras el folpe de Estado en Honduras y la instalación de siete bases militares en Colombia.

A un año de su derrocamiento, en una enrtrevista ofrecida a teleSUR el pasado 28 de junio, el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya expresó que Estados Unidos estuvo detrás del Golpe de Estado que lo derrocó y que puso en el poder a Roberto Micheletti.

''El Departamento de Estado (de EE.UU.) trató de ocultar su injerencia en el golpe de Estado, desde el principio hicieron todo lo posible, condenaron el Golpe, el propio embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, tomó medidas, canceló visas a los golpistas. Sin embargo, poco a poco no se pudo mantener esa posición y terminaron apoyando la dictadura de Micheletti'', expresó Zelaya en la entrevista.

A finales de 2009, el Gobierno colombiano firmó un acuerdo con EE.UU. para instalar siete bases militares en el territorio, tratado rechazado por la mayoría de los países de la región.

"Que quede claro, este acuerdo lo que busca es acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia'', indicó el canciller de esa nación, Jaime Bermúdez cuando se publicó el pacto.

En mayo último, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá denunció la existencia de un informe que evidenciaba la presencia de tropas militares estadounidenses en la provincia panameña de Dairén, fronteriza con Colombia.

"El país tiene derecho a conocer que se está haciendo a lo largo de su territorio", indicó en esa oportunidad el secretario general del PRD, Mitchell Doens.

Ante la instalación de tropas navales de EE.UU. en Costa Rica, los diputados de la oposición de ese país manifestaron que presentarían un recurso de amparo contra la resolución de la Asamblea, debido a que esta presencia militar de la nación norteamericana agrede el acuerdo hecho hace una década.

Fuente: teleSUR - Prensa Latina - Radio habana /jl - MM

Honduras delegation update (July 1st)

Quixote Centre
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Witnessing Resistance in Honduras
Quixote Centre Honduras Delegation update July 1st, 2010
Caitlin Power Hancey, Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN)
The Honduran resistance movement is real—it is also strong, diverse, and decidedly non-violent.


This is the last day of our international accompaniment and observation delegation to Honduras. For the past week our delegation has been busy accompanying a range of events leading up to the anniversary of the coup on June 28th, or “the anniversary active of popular resistance in Honduras.” We also continued meetings with representatives from various sectors active in the resistance movement—including women’s rights organizations, LGBTI coalitions, youth groups, academics, teacher’s unions, and peace-building organizations.

Over the weekend, we accompanied members of the National Front of Popular Resistance (FNRP) as they collected signatures—actually “sovereign declarations”—calling for a National Constituent Assembly in the Tegucigalpa neighbourhood of La Esperanza. Nationally over 800,000 signatures have been collected, and the Front expects to have 1.2 million by September 15th, which is Independence Day in Central America. These signatures will give them the moral authority and political sway, as a coalition of social movements, to convoke the National Assembly and begin the process of creating a constitution representative of the diversity of peoples, regions, sectors and experiences that make up Honduras. The current constitution, for example, does not recognize the existence of any indigenous peoples in Honduras, while it is generally considered that there are nine indigenous groups within its borders. The largest groups are the Lenca in the west and Garífuna along the northern coast.

Sunday, on the eve of the anniversary, we accompanied a peaceful candlelight march that began at Francisco Morazán Pedagogical University. It was intended to go north on Miraflores Boulevard, veer right and stop at the presidential palace, then make its way west to the Congress in the centre of the city, where there was a vigil for all of the individuals who have lost their lives to state violence since the coup. When the crowd reached the first road leading to the palace, it was barricaded with cement blocks and chain-link fencing and guarded by soldiers in riot gear with machine guns. By the time the crowd reached Suyapa Boulevard, they had passed another route blocked by military in riot gear (who’s shields read “POLICE,” in English), and the east side of the main intersection was blocked as well. The marchers stayed at the intersection for about 20 minutes, chanting at the soldiers, some marchers asking them what they were afraid of. After the crowd faced the soldiers and sang the national anthem, someone with a megaphone asked for a show of hands to determine where to go next. It was getting late, but most of the group continued on to the Congress. Before moving on, organizers sent pick-up trucks out to the edges of the crowd to try to ensure that those who weren’t continuing with the main crowd had a safe way home and that no one would be travelling alone.

About 11:15 that night in our guesthouse, I received a text message from a former colleague in Honduras that Berta Caceres, the leader of the Coordination of Indigenous Peoples of Honduras (COPINH) had been detained by the police in the department of La Esperanza and the charges were not being made clear. Within a half-hour I received another message that she was released. I was told the next morning that the police department had received at least a dozen calls from human rights activists in Honduras and the United States and responded to the pressure. This was the night before the anniversary of the coup, when marches were being planned all over the country.

No major incidents were reported to us on Monday, the day of the anniversary. Though the marches in Tegucigalpa and other major centres were not accounted for in mainstream Honduran media, most alternative sources estimate a minimum of 10,000 participants at the Tegucigalpa march. Most people we talked with presumed that the state was aware of the international eyes on Honduras during the anniversary and wouldn’t take overtly repressive action. They believed the violations would continue in a strategic, targeted, and “silent” way, which has been the pattern observed since the Lobo government took power at the end of January. In a country with an average of 15 violent deaths a day, it’s not considered difficult for those who want to pass off political violence—including assassinations—as common delinquency, or to smear the victim by insinuating involvement in criminal activity.
Our group temporarily left the anniversary march to observe the inauguration of the True Commission (the alternative to the government-sponsored Truth and Reconciliation Commission), which others from the march soon joined. The energy was high in the auditorium, which was full, and international support from across the Americas was present. That afternoon and evening there was a concert on the grounds of the Pedagogical University showcasing Honduran musicians and original resistance music written since the coup.

After the anniversary our delegation had meetings with organizations representing the two groups hardest hit by political assassinations following the coup—the LGBTI community, who have lost 27, and teachers, who have lost 21(??). When our delegation members asked why each of those groups were so heavily targeted, representatives from ARCOIRIS, an organization that works with lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people, said its in large part because they are considered by those responsible to be some of the most dispensable and disreputable members of the population, and therefore of the resistance. In our meeting with the presidents of five different teachers unions we were told simply that to repress teachers is to repress the next generation of resisters—and the strategy was clear.

We also met with representatives from Feminists in Resistance, a collective of individuals and women’s organizations that formed after the coup, who outlined the particular, gendered ways that women have been targeted in the resistance—from rape and sexualized beatings perpetrated by soldiers and police during demonstrations and curfews, to references in the mainstream media to “loose” and “irresponsible” women who take to the streets instead of taking care of their families. They also expressed clear determination to regain the ground they lost after the coup in terms of women’s rights, and sincere hope that with the increased organization and rejuvenation of their movement they would get even further. According to these representatives, since Lobo has taken power, the morning-after pill—and any education or advertising referencing it—has been made illegal. A new, inclusive sexual education guide that they had approved under the Zelaya government has been gutted, and the hard-won Institute for Women is being shut down and reportedly replaced with an “Institute for the Family.”

This morning, a couple of hours before delegation members were scheduled to leave for the airport and return home, we received a call that a highly-visible member of the resistance, whose partner was killed as a result of tear gas poisoning during a demonstration last year, had been arrested for a traffic violation. He was reportedly badly burned by pepper spray from the police officers, had been tasered, and also couldn’t open one eye. Some members went to the local police station to inquire about his welfare and ask if they could see him on their way to the airport. Shortly afterwards, we found out that a warrant was now out for the arrest of another outspoken member of the resistance because two years ago workers had cut down trees on her rural property, allegedly violating environmental laws.

On this Canada Day there is no shortage of recent events that encourage me to reflect on our country’s role internationally in support of violent, repressive regimes—such as backing the post-coup regime in Honduras, continuing support for Israel’s war on Gaza and the Palestinian people, and the recent signing of the bi-lateral free trade agreement with Colombia. And with the recent detentions, violence, and violations of civil liberties during the G20 meetings in Toronto, we’ve got several more reasons to doubt our current government’s respect for human rights at home, including the right to dissent.

I want to reiterate that the resistance movement is large, vibrant, multi-faceted, and decidedly present in Honduras. We do not hear about it via mainstream in North America, if we hear about the situation in Honduras at all, and major media in Honduras clearly misrepresents and undermines its existence. All representatives we met with insisted that as international delegates we must counteract the lies and omissions and let people in our countries know that their movement is real. In our meeting with him yesterday, Dr. Juan Almendares Bonilla, the Executive Director of the Centre for the Prevention and Treatment of Torture Victims and their Families (CPTRT) and an eminent human rights defender in Honduras, reminded us that international solidarity between peoples—despite the national boundaries and governments that divide us—is the most important and essential power we have, and we need to exercise it, mutually.

For more information about this delegation and additional updates or media releases:
The Quixote Centre: www.quixote.org
Common Frontiers Canada: http://commonfrontiers.ca
The Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN): http://arsncanada.blogspot.com

For more information about the recent situation in Honduras and Canada’s role:
Honduras: Democracy Denied http://www.ccic.ca/_files/en/working_groups/apg_2010-04_honduras_democra...
A Report from the Canadian Council for International Cooperation’s Americas Policy Group with Recommendations to the Government of Canada

Source: ResistenciaHonduras.net

Enemigo del pueblo de Honduras y de Latinoamérica es capturado en Venezuela

Capturan en Venezuela a Francisco Chávez Abarca, mano derecha de Posada Carriles

El presidente venezolano, Hugo Chávez, informó este viernes la captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de ser la mano derecha del terrorista Luis Posada Carriles y de ser autor de varios atentados con explosivos en Cuba, durante una operación de inteligencia este jueves.

En una alocución desde el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), el mandatario explicó que Abarca fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para ser interrogado.

El apodado también "El Panzón", está en la lista roja de terroristas buscados por Interpol (Policía Internacional) por estar implicado en varios atentados con explosivos en Cuba en los años 90.

Ante la captura, el presidente venezolano se preguntó cuál pudo haber sido la intención del salvadoreño para ingresar al país y ordenó averiguar quién estaba esperándolo.

"¿Qué quería Chávez Abarca en Venezuela? ¿Quién estaba esperándolo?", se preguntó el mandatario, antes de informar que el detenido será entregado a la Interpol para que sea enviado a Cuba, país que solicitó la captura.

Aseguró que "este caballero vino para acá a matarme (...) me lo dice el corazón", y le pidió que colabore para aclarar la "misión especial que vino a cumplir a Venezuela".

Dijo que en medio del avance de la Revolución y cuando se aproximan las elecciones parlamentarias de septiembre venidero "es muy extraño que venga un terrorista de este calibre".

"Posada Carriles debe estar bien nervioso porque agarramos a uno de los suyos", añadió.

teleSUR pudo conocer que a las 14H30 (hora Caracas), funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) avistaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía (que sirve a Caracas), en el norteño estado Vargas, a un ciudadano, quien al percatarse de la presencia de los agentes se puso nervioso y evasivo.

Por este motivo, y previa identificación como agentes adscritos al Sebin, procedieron a pedirle sus documentos de identidad. Chávez Abarca entregó entonces un pasaporte de ciudadanía guatemalteca bajo el nombre González Ruiz, Carlos Adolfo, con fecha y lugar de nacimiento 3 de mayo de 1972, en el municipio Siquinala, departamento de Escuintla (región centro).

Al ser verificado el pasaporte, las autoridades venezolanas encontraron que no tenía sello de salida del país de origen, ni de ingreso a Venezuela en ninguno de sus folios. Ante esta irregularidad, fue interrogado sobre su estadía en el país a lo que respondió que era comerciante, pero sin especificar la actividad que realizaba ni a dónde se dirigía en el momento de su detención, por lo fue trasladado a la sede del Sebin.

Entre las pertenencias que llevaba consigo Francisco Chávez Abarca se encontró un papel con una nota escrita a mano que decía: "Chamo el lugarcito de los langostinos de aquella vez en Catia la Mar es el Caney del Chivo, avenida La Marina, Catia La Mar, en la terraza, seguro recuerdas. Que la muchacha traiga fotos de permiso de conducir para que conozca la Universidad rapidito que acá está bien arrecho. Nos vemos muy pronto".

También poseía un boleto de pasaje aéreo de la línea aérea TACA destino Guatemala - Caracas - Guatemala con fecha de expedición 20 - 06 -2010 y de vencimiento 15-07-2010. Además poseía una tarjeta de crédito MasterCard del Banco BAC Guatemala, un recibo de consulta de saldo de una cuenta en esa institución a nombre de Carlos González, y varios billetes de monedas extranjeras.


Chávez Abarca estuvo detenido en El Salvador por dos años por ser líder de una banda que se dedicaba de robar vehículos en ese país, pero la justicia esquivó dar sentencia a los otros crímenes internacionales de los que se le acusaba.

Abarca y 21 miembros de su banda fueron arrestados bajo cargos de robo de automóviles y estafa. Las autoridades aseguraron entonces que se trataba de "una de las principales estructuras del crimen organizado dedicadas al robo y hurto de vehículos a nivel nacional y centroamericano".

El 28 de octubre del 2007, un juez liberó a Chávez Abarca pese a sus actividades delictivas. Sin embargo, nunca tuvo que responder por su papel como principal cómplice de Luis Posada Carriles en una campaña que no se mencionó ante los tribunales salvadoreños a pesar de repetidas denuncias.

En los años 90, fue acusado por dedicarse al narcotráfico, así como a la venta de armas y de dinero falsificado en Guatemala.

Utilizó los alias Manuel González, Roberto Solórzano y William González, y efectuó tres viajes breves a Cuba, en abril y mayo de 1997 para hacer varios atentados.

En 1997 activó una bomba de 600 gramos de C-4 que causó daños materiales en los baños de la discoteca Aché del Hotel Meliá Cohíba, el 12 de abril de 1997.

El 30 del mismo mes, es desactivado un artefacto explosivo 401 gramos de C-4 que el salvadoreño había colocado en una maceta ornamental del piso 15 de la misma instalación hotelera.

Además, el 24 de mayo, mientras Chávez Abarca se encuentra en México, estalla una bomba en la entrada de las oficinas de la corporación Cubanacán de la capital.


El gobernante venezolano recordó que se han cumplido cinco años desde que su Gobierno formalizó su petición a Washington para la extradición de Posada Carriles, un ex agente de la Central de Inteligencia Americana (CIA), de 82 años, responsable, entre otros delitos, del atentado con explosivos del 6 de octubre de 1976 contra el vuelo 455 de la compañía Cubana de Aviación, hecho en el que murieron sus 73 ocupantes.

Posada Carriles está en libertad en Estados Unidos y solamente acusado por delitos de leyes migratorias. Ese país no ha dado respuesta a Venezuela sobre la solicitud.


Su recluta puso la bomba que mató a Fabio di Celmo

En 1997, siguiendo orientaciones de Posada Carriles, el "Panzón" Chávez Abarca fue quien contrató al mercenario René Cruz León y lo encargó de realizar misiones terroristas en Cuba, al contarle que él mismo lo había hecho, y pronto le dio el entrenamiento en la confección de artefactos explosivos.

Así fue cómo Cruz León realizará dos viajes a Cuba durante los cuales sitúa bombas en hoteles habaneros, una de las cuales mató al joven turista italiano Fabio di Celmo, el 4 de septiembre de 1997, el momento más trágico de la criminal campaña de terror que Posada desencadenó por cuenta de la Fundación Nacional Cubano Americana, una criatura de la CIA.

Boleta Roja

En la boleta roja emitida por la Policía Internacional (Interpol), que implica captura y detención internacional, el terrorista salvadoreño es solicitado por el Gobierno cubano por colocar un artefacto explosivo que detonó en la discoteca Ache del Hotel Meliá Cohiba de la ciudad de La Habana el 30 de abril de 1997, atentado que produjo graves daños materiales.

También se le acusa de reclutar y entrenar en La Habana a Raúl Ernesto Cruz León a quién le facilitó material explosivo.

Sospechoso de colocar una carga explosiva en una oficina ubicada en Cubanacán, México.

Por estos delitos, según la Interpol, el terrorista salvadoreño de 38 años podría recibir la pena de muerte.

Mientras se encontraba prófugo, Abarca utilizaba el nombre de Manuel González y era llamado con los alias de El Gordito y el Panzón, detalla la Interpol.

Fuente: teleSUR-/Cubadebate-PR - MM

Rechazan ingreso de fuerzas navales estadounidenses a Costa Rica

Partidos de la oposición costarricense calificaron este viernes como ilegal y violatoria de la soberanía la decisión de la Asamblea Legislativa de autorizar el ingreso al país de 46 buques de guerra y siete mil marines estadounidenses. El permiso, aprobado la víspera por 31 votos a favor y ocho en contra, da luz verde a las fuerzas norteamericanas para arribar al territorio nacional entre el 1 de julio y el 31 de diciembre con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Los partidos Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC) expresaron su rechazo a esa decisión tras argumentar que la fuerza destructiva de los barcos, helicópteros y marines es desproporcionada para enfrentar el flagelo.

Además de buques con capacidad para transportar 200 helicópteros y aviones de guerra, podrán atracar aquí fragatas, naves del tipo catamarán, otras como la USS Freedom con capacidad para combatir submarinos y un buque hospital, precisó el diario La Nación. Aprobar el permiso de entrada a esas tropas estadounidenses es "dar un cheque en blanco. No podemos ser partícipes de un acto ilegal, no permitiremos que se rompa la Constitución", dijo el diputado del PUSC Luis Fishman.

Fente: teleSUR - Prensa Latina / MM

Honduras no está sola

Se cumple un año del golpe de Estado contra el pueblo de Honduras y su Presidente democráticamente electo, José Manuel Zelaya, como inadmisible represalia por intentar abrir un camino democrático a través de un proceso constituyente, para impulsar las transformaciones necesarias en ese hermano país.

En la madrugada del 28 de junio de 2009 el presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, fue asaltado en su residencia por el ejército y expulsado ilegalmente hacia Costa Rica, en un suceso que todavía tiene muchos puntos por aclarar, entre ellos el papel de Estados Unidos y su política belicista contra el ALBA, la Alianza Bolivariana para Nuestra América, a la cual Tegucigalpa se había adherido poco antes.

La llegada de Honduras al ALBA significó la incorporación de su Gobierno y de su pueblo a los planes de integración que permitieron el acceso de los campesinos a créditos, semillas, tractores y tecnología; la atención medica y sanitaria de hombres y mujeres humildes a través de la Misión Milagro; la participación en los planes de energía segura y estable de Petrocaribe y, sobre todo, la incorporación a la gran corriente independentista y revolucionaria que hoy ha unido a nuestros pueblos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Por ello se fraguó entonces una burda operación militar de secuestro y destierro del Presidente Zelaya, respaldada por una maniobra política institucional para cometer el grave delito de derrocar un gobierno constitucional.

En su momento, desde el ALBA, junto a los pueblos progresistas del continente, se impulsó la denuncia y la condena mundial contra este golpe de Estado, y transcurrido un año, a nadie le quedan dudas acerca de la participación de grupos de poder de los Estados Unidos en esta repudiable operación, como el desterrado presidente de los hondureños.

El ALBA ratificó su solidaridad con el pueblo hondureño con sus denuncias sobre masivas violaciones de los derechos humanos y su lucha por la restauración de la democracia. Los países miembros del ALBA exigieron respeto y garantías para las luchas democráticas del pueblo hondureño, que cese la represión y los asesinatos políticos, y asimismo que se le garantice a José Manuel Zelaya plenos derechos políticos para regresar a su patria. Los gobiernos socialistas y progresistas ratificaron todo su apoyo al pueblo de Honduras en su lucha por el restablecimiento de la democracia y la construcción de los sueños de igualdad y de independencia plena.

Frenar el ALBA, golpeando en el eslabón más débil en esos momentos, al mismo tiempo que se hacía una seria advertencia a las vecinas Nicaragua y El Salvador, fueron los propósitos evidentes de la asonada, que dejó para el pueblo de Honduras una intensa represión que causó en doce meses de centenares de víctimas sin que por ello se haya logrado desmontar la movilización de organizaciones que se agrupan en el Frente Nacional de Resistencia Popular. La resistencia organizada exhortó al pueblo y al resto de los países latinoamericanos no solo a recordar la caída de la democracia, sino a continuar exigiendo la implantación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Nacional, tal como pretendía Zelaya, el retorno a la legalidad institucional y la construcción de una sociedad mas justa para todas y todos. Honduras no está sola. La lucha continuará por una verdadera y justa democracia, por una patria para todos.

Fuente: larepublica.com.uy


En Honduras se resiste

Primer aniversario del golpe militar

Por: Ernesto Tamara

El pasado lunes 28 de junio se cumplió un año del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya y que terminó con un proceso de consulta al pueblo para reformar la Constitución y con los acuerdos de integración regional. A un año de ese suceso, se inició la recolección de firmas, que se espera sobrepasen ls 1,2 millones, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y lograr el retorno al país del presidente depuesto. Al mismo tiempo, las fuerzas de la oposición instalaron una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la dictadura, mientras se denuncia que en lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados.

En tanto, la administración de Barack Obama ha reestablecido todos los contactos formales con el gobierno impuesto tras el golpe de Estado, y ahora está trabajando para que los organismos regionales lo admitan en su seno.

Días atrás, el embajador de Estados Unidos en Honduras anunció la entrega de 75 millones de dólares al gobierno de Lobo para distintos proyectos, y otros 20 millones para adicionales “para apoyar el sistema de seguridad”, cuando los aparatos represivos son blanco de numerosas denuncias.

Esta semana, una comisión del parlamento chileno se reunirá con una delegación del congreso hondureño con el objetivo de reestablecer las relaciones diplomáticas congeladas por la ex presidenta Michelle Bachelet, mientras el canciller chileno, Alfredo Moreno dijo que Chile considera legales las elecciones de noviembre de 2009 y que esperar poder reanudar en corto tiempo las relaciones diplomáticas.

Además, para noviembre se espera una delegación de empresarios, encabezada por el ex presidente norteamericano Bill Clinton y el magnate mexicano, Carlos Slim, a la capital hondureño, con el propósito de fomentar inversiones en el país.

Mientras, el presidente Porfirio Lobo, surgido de las elecciones ilegales realizadas durante la dictadura de Roberto Micchelletti en noviembre pasado, denunció que teme una asonada militar que lo destituya del poder, sin precisar si los promotores del golpe provienen de los mismos sectores que derrocaron a Zelaya. Después de esa advertencia, Lobo se rectificó y descartó el golpe.

Hasta ahora los únicos dos gestos positivos del presidente Lobo han sido la autorización de salir del país al presidente Zelaya cuando este se encontraba refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y hace poco, el reconocimiento de que Zelaya fue desplazado por un golpe militar –y no por un proceso de destitución legislativo- y su pronunciamiento a favor de permitir el retorno del ex mandatario al país.

Según algunos analistas estas manifestaciones fueron cuestionadas por los golpistas que ahora lo han puesto en la lista de sospechosos, pese a que su administración ha sido fiel continuadora de las políticas de los golpistas, especialmente en el plano económico y laboral.

El golpe

Cuando el 28 de junio de 2009, un grupo de soldados entró a la residencia del presidente Manuel Zelaya, lo detuvo y lo expulsó del país con la ropa que tenía puesta –unos pijamas- no sólo estaban tratando de impedir la consulta popular que se iba a celebrar ese día, sino también cortar con el proceso de integración a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Ese domingo, los hondureños iban a concurrir a las urnas para realizar una especie de encuesta. Iban a ser consultados si creían necesario presentar en el Congreso una iniciativa para convocar a una asamblea constituyente en el futuro. La consulta no era vinculante, ya que la constitución no lo permitía, y sólo tenía el valor político de ser una expresión de voluntad del pueblo.

Los sectores oligárquicos, ya descontentos con la administración de Zelaya que había aumentado significativamente el salario mínimo y había firmado su integración al ALBA, argumentando que todas sus solicitudes de ayuda a Estados Unidos y organismos internacionales para conseguir recursos para beneficio del pueblo habían sido ignorados, lograron en primera instancia una resolución de la justicia en contra de la consulta popular.

Zelaya argumentó que la misma no obligaba al gobierno ni al parlamento a acatar su resultado, ya que sólo se trataba de una encuesta, y resolvió proceder a su realización. Acompañado por miles de personas rescató las urnas de la consulta que estaban siendo custodiadas, y con ello demostró el respaldo popular que tenía la misma.

Esa fue quizás la prueba que decidió el golpe. La oligarquía hondureña decidió que aunque sólo faltaban 6 meses para las elecciones, había que frenar un proceso donde el pueblo comenzaba a tener protagonismo, de paso terminar con las inclinaciones “populistas” de Zelaya, que no había electo presidente para ello, y romper con el proceso de integración al ALBA que estaba llenando de “camisas rojas” las calles del país. La relación de Zelaya con el presidente venezolano Hugo Chávez, no era del agrado de los sectores acomodados de Honduras y mucho menos de la embajada norteamericana que siguiendo las directivas de Washington, buscaba frenar todo contagio del “socialismo del siglo XXI” en Centroamérica. En especial después de la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador.

Aunque Estados Unidos negó su implicancia en el golpe, la utilización de la base militar aérea norteamericana en las afueras de Tegucigalpa por los golpistas para subir en un avión al presidente constitucional y expulsarlo a Costa Rica, deja en evidencia que por lo menos estaban al tanto de lo que ocurría.

La mediación posterior, iniciada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a pedido de la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y su desarrollo, deja claro también el papel que jugó la nación del norte por legalizar el golpe militar y hacer aprobar las exigencias de los golpistas dentro de Honduras y por la comunidad de naciones.

Arias inició una mediación donde planteaba las condiciones que de alguna manera habían sido los argumentos de los golpistas. Zelaya debía abstenerse de convocar a la consulta popular, ceder el mando de las fuerzas armadas al tribunal electoral que ya se había pronunciado contra la consulta y que quería juzgar al presidente por desacato, entre otras cosas, y tras renunciar a muchas potestades como presidente, volvía a asumir por el período que restaba de mandato, y sin juzgar a los golpistas.

Pese a que Zelaya cedió a casi todas las exigencias planteadas por el presidente costarricense, en consulta con la secretaria de Estado norteamericana, los golpistas se negaron a permitir el regreso del presidente constitucional.

En una maniobra para legalizar el golpe de Estado, el Congreso aprobó la destitución del presidente y designó en su lugar a Roberto Michelletti que enseguida asumió su papel de Pinochet centroamericano. Poco después ese mismo Congreso retiró a Honduras del ALBA. De acuerdo con datos de organizaciones humanitarias, durante el régimen de Micheletti se registraron en Honduras unos cuatro mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellas el asesinato de más de 100 opositores al golpe de Estado.

Quizás la mayor preocupación de los golpistas entonces, y seguramente ahora de sus sucesores, es el nacimiento de una fuerza política no muy homogénea, que se planteó entonces luchar por la restitución de Zelaya y en segundo lugar por exigir la convocatoria a una asamblea constituyente. El mismo 28 de junio del 2009, día del golpe, nació el Frente Popular de Resistencia al Golpe de Estado, integrado por sindicatos, grupos sociales y políticos opuestos al quiebre constitucional, muchos provenientes de los partidos tradicionales y lejos de la izquierda. Ese Frente se fue afirmando en la sociedad, y constituye hoy, a un año de su creación, en una posible alternativa política de cambio en el futuro hondureño. No es todavía una fuerza política acabada, pero todavía mantiene respaldo popular y alto nivel de convocatoria. Desde ese primer día, el Frente de Resistencia fue objeto de la persecución de las fuerzas represivas, y sigue siendo hoy dentro de la mascarada democrática presidida por Lobo.

Como es sabido, las negociaciones emprendidas por Arias fracasaron, y Zelaya regresó clandestinamente al país, pero casi de inmediato debió refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció cercado por el ejército hasta principios de este año, de donde salió a República Dominicana. Desde entonces, al mismo tiempo que el presidente surgido de las elecciones de noviembre pasado se pronuncia por autorizar el retorno de Zelaya, advierte que nadie puede eludir la justicia, con lo que deja abierta la posibilidad de la detención y juicio al ex presidente apenas retorne a Honduras, según los procesos abiertos en la dictadura por supuestos abusos de poder y corrupción, con los que añadían argumentos para justificar el golpe de Estado.

Manifestaciones, huelga y comisión de la verdad en el primer aniversario

En este primer aniversario del golpe de Estado Honduras enfrenta una situación en que la mayoría del pueblo ha visto perder muchas de sus conquistas sociales, y donde se enfrenta a un incremento de la violencia, no sólo política sino también de bandas armadas y grupos del narcotráfico que buscan asentarse en el país, y un gobierno que pretende a través de una mayor liberalización de la economía, y de la flexibilidad laboral, obtener recursos para pagar la deuda externa y los desequilibrios financieros del Estado provocados por el golpe de Estado y los seis meses de la dictadura de Michelletti.

La semana pasada el sindicato de los maestros, que fue un gremio clave y combativo contra el golpe de Estado, inició una serie de paros contra la represión sindical, por mejora de salarios y contra las privatizaciones de escuelas as protestas comenzaron el lunes de la semana pasada con una concentración en los bajos del Congreso Nacional y se extendieron a centros educativos de varios departamentos del país.


"Exigimos la aprobación del salario mínimo, el respeto a los derechos humanos y la derogación de la ley de privatización de las escuelas normales", dijo Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras. Los educadores piden también el respeto al Estatuto del Docente, vigente desde 1997, el cual contempla los derechos del trabajador al aumento de sueldos por antigüedad, vacaciones remuneradas y a la seguridad social. Otra de las demandas del sector es la reposición en sus puestos de 17 directores departamentales y municipales despedidos de manera arbitraria, quienes mantienen un ayuno frente a la sede del poder ejecutivo. Las acciones de protesta fueron convocadas por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras que agrupa a 65 mil docentes de cinco gremios.

En tanto, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) realizó desde el pasado sábado, manifestaciones de protesta en todos los departamentos hondureños con motivo del primer aniversario del golpe de Estado. Indígenas, campesinos, sindicalistas, mujeres y miembros de partidos progresistas integrados en el frente participaron en caminatas, vigilias y cacerolazos para repudiar la ruptura institucional y recordar a las víctimas de aquellos sucesos . El Frente Nacional de Resistencia Popular, anunció realiza la recogida de más de un millón 200 mil firmas para lograr el retorno de Zelaya a Honduras y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. "Sólo con una nueva constitución vamos a tener las armas para la transformación económica y social del país", declaró uno de sus dirigentes, Carlos H. Reyes.


Según el FNRP, la constitución vigente fue aprobada en 1982, bajo la tutela de una dictadura militar, y contiene siete artículos pétreos que no se pueden modificar e impiden realizar cambios profundos en cuanto a la forma de gobierno y la distribución de las riquezas. Además, sostiene el Frente, como resultado de la inequidad y de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años, Honduras es hoy, después de Haití, el país más atrasado del hemisferio occidental, con cerca de 80 por ciento de la población en la pobreza.

Comisión de la Verdad

Este 28 de junio quedó también establecida una Comisión de la Verdad impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que será una alternativa a la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada por el gobierno de Porfirio Lobo a fines de mayo pasado. La comisión oficial, encabezada por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, es considerada ilegal e inconstitucional por las fuerzas de la oposición, ya que sostienen que el gobierno de Lobo no es legítimo.

El Frente Nacional de Resistencia Popular considera que la comisión oficial es “ilegal al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco con la credibilidad del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”. En tanto, el FNRP apoya la Comisión de la Verdad creada por la Plataforma de Derechos humanos, que busca, según sus creadores, garantizar el "respeto de los derechos humanos y la construcción de una verdadera democracia".

La Comisión de Verdad "deberá contribuir al esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y la presentación de recomendaciones políticas que garanticen no repetir actos de violación a los derechos humanos", sostiene un comunicado de la Plataforma. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras está integrada por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comité de Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Honduras.

La Comisión de la Verdad estará integrada, en principio, por seis ciudadanos extranjeros y dos hondureños, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Fuente: aporrea.org


Más flexibilidad laboral para destruir a los sindicatos y enriquecer a los poderosos

Entrevista con el dirigente sindical hondureño Porfirio Ponce


Giorgio Trucchi
Rel-UITA

Oscuras maniobras atentan contra la estabilidad laboral


A un año del golpe de Estado, Honduras se encuentra al borde de la bancarrota, con un déficit fiscal en continuo aumento, un endeudamiento interno sin precedentes y una preocupante tasa de desempleo. Quienes pagan los platos rotos de esta situación que se ha profundizado con el golpe son, como siempre, los trabajadores y trabajadoras.

Flexibilización, tercerización del trabajo y represión parecen ser las únicas recetas adoptadas por el nuevo gobierno para hacerle frente a la crisis. Para analizar este contexto, Sirel dialogó con el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Porfirio Ponce.

-¿Como está en este momento la situación laboral en el país?


-Estamos muy preocupados. Después del golpe de Estado los grupos de poderes que controlan la política y la economía del país han retomado el control de las instituciones del Estado. Han comenzado a profundizar estrategias para violentar la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores.

-¿De qué manera están actuando?


-A través de políticos serviles que representan los intereses de las transnacionales y de los empresarios del país, están promoviendo medidas antilaborales y antisindicales.

Están tratando de paliar los altos índices de desempleo promoviendo un programa de emergencia de empleo temporal, que pretende impulsar contratos de trabajo de media jornada.

El diputado Germán Leizelar, por ejemplo, está proponiendo calcular la jornada laboral de doce horas. De esta manera la gente tendría que trabajar seis horas, con un salario que es la mitad del salario mínimo, sin prestaciones, ni beneficios laborales.

Lo mismo está haciendo con los contratos de trabajo por horas y con una ley que va a legalizar el trabajo tercerizado y temporal en los sectores de higienización y vigilancia. Y esto es solo el comienzo. Después van a aplicar esa misma medida a muchos más sectores.

-¿Qué pasó con la ley que el movimiento sindical estaba impulsando para regular el tema de la tercerización?


-Después del golpe quedó engavetada en el Congreso. Más bien, lo que están haciendo es promover reformas para flexibilizar más el trabajo y sobreexplotar a la gente.

-¿Las centrales obreras se mantienen unidas ante ese intento de promover un trabajo desregularizado, tercerizado y precario?


-Nos mantenemos unidos, rechazando esta estrategia. El impulso de contratos por horas o de media jornada significa la imposibilidad de poder organizar a los trabajadores, y una abierta violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Estamos a favor de la creación de empleo, pero con un salario digno y respetando las leyes.

El verdadero objetivo que tienen estos sectores y el gobierno es flexibilizar las leyes laborales, para destruir las organizaciones sindicales y garantizar más ganancias para los empresarios.

-¿Otro conflicto que se ha desatado con el nuevo gobierno es acerca del aumento del salario mínimo. ¿A qué punto está la negociación?


-Está rota. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la ley determina que debe ser el Presidente de la República quien decide el porcentaje del aumento. Sin embargo, el señor Porfirio Lobo se está rehusando a hacerlo, porque le tiene miedo a los empresarios.

Está violando abiertamente la ley. Las centrales obreras vamos a acudir a otras instancias y a tomar acciones que ya están siendo planificadas.

-Ha pasado un año del golpe de Estado y en Honduras seguimos asistiendo a la represión sistemática contra las organizaciones sociales y populares. ¿Qué tan brutal es la represión contra el movimiento sindical?


-Hay una constante y sistemática represión contra los trabajadores organizados. Tenemos muchos casos como son la de los maestros, los docentes universitarios y todas aquellas organizaciones que se han involucrado con la Resistencia y contra el golpe de Estado.

Hay personas despedidas ilegalmente, hostigadas, asesinadas, hay atentados y amenazas. El STIBYS ha sufrido serias persecuciones y su presidente, Carlos H. Reyes, ha sido amenazado de muerte. Recientemente, el directivo de la CUTH, José Luis Baquedano, y su familia sufrieron un atentado.

En Honduras pensar y opinar ya es un delito. Sin embargo, seguimos en resistencia hasta lograr el objetivo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente.

-El 2010 va a ser un año de procesos de contratación colectiva para el STIBYS…


-Ya iniciamos las negociaciones con la Licorera Los Angeles SA de CV, de capital guatemalteco y nicaragüense (Grupo Pellas).

Ante la intransigencia de la empresa que no quiere un reajuste de salario, por primera vez estamos a punto de romper la negociación e ir a una etapa de mediación.

En agosto vamos a iniciar la negociación con la Fabrica Aguardiente “El Buen Gusto Yuscarán”, y entre septiembre y octubre entramos a la negociación con Cervecería Hondureña (SABMiller) y Embotelladora La Reyna (CabCorp-PepsiCo).

-La UITA, 3F y los principales sindicatos de las bebidas de la región decidieron desarrollar su encuentro regional en Honduras, en solidaridad con el pueblo hondureño. ¿Qué te parece esta decisión?


-Es muy acertada, porque va a contribuir a romper el cerco impuesto por los medios corporativos de información nacional e internacional. Agradecemos profundamente a la UITA, 3F y todas las organizaciones sindicales por esta decisión.

De manera particular quiero agradecer a la UITA por haber estado informando permanentemente sobre lo que ocurría en Honduras después del golpe de Estado.

Además, hago un llamado a todas las organizaciones afiliadas a la UITA, para que se pronuncien en contra de este sistema y de los usurpadores que están en el poder, y sus pretensiones de seguir precarizando el trabajo, violentando los derechos humanos y laborales.

Fuente: www.rebelion.org - rel-uita.org

La Resistencia reposicionada ante los golpistas


Urgent Action Against Illegal Detention and Tortures

COFADEH
Correo electrónico Imprimir PDF

altThe Committee of Relatives of Detained and Disappeared in Honduras (Cofadeh), expresses its total repudiation and preoccupation by the illegal detention followed by tortures that Edwin Spinal Róbelo was subject to at the hands of agents of the Preventive National Police.


The 30th of June at 11:30 p.m. Edwin Spinal Róbelo was in his neighbourhood, La Flor del Campo, Tegucigalpa, when five policemen from the police station of Flor del Campo, headed by the agent Vargas arrived asking Edwin for his driving license. Edwin responded by showing his identity card, which was the document he was required to carry because he was not driving and therefore did not need to demonstrate his driving license. Immediately they began to beat him and agent Vargas sprayed him in the eyes with pepper spray and applied an electric baton to different parts of the body, especially the legs and ears.

He was then forced to board a patrol vehicle in which they drove in erratic directions in different streets for 45 minutes, during the journey they threatened him by saying that he was a communist, a Zelayista and "to abandon that shit of the Resistencia", after threatening him and taking pictures, he was transferred to the Cuarta Police Station; before being lowered from the patrol vehicle he was pushed with the intention of causing him to lose his balance and fall, the police also repeatedly sprayed pepper spray and proceeded to put him in a cell. When they applied the pepper spray, a police officer said that the gas would kill all civilians - Edwin lost his young wife, Wendy Elizabeth Avila of pulmonary congestion after breathing pepper spray on 22 September 2009 during the repression and suspension of constitutional guarantees. At the police station he was informed that he was detained for being for drunk and disorderly. Edwin Róbelo does not drink alcohol. He was released at 10:30 a.m. on July 1, 2010 through the intervention of the Coordinator of Cofadeh.

Background:

Edwin Róbelo Espinal has been the subject of multiple captures since the military coup, all following the same pattern of abuse. On November 14, 2009, was arrested by police during the vehicle convoy of the Resistencia de Colonia San Miguel de Tegucigalpa, on this occasion, the police, without reason began beating and arresting demonstrators that had remained at the end of the convoy; as Edwin asked for what reason they were being abused, eight officers took him by the shirt and handcuffed him putting him in the patrol vehicle. He was driven along with another protester to the Cuarta Police Station where they were accused of spray painting walls with slogans of the Resistencia. The young man who was also arrested could not read or write. He remained detained for six hours, during which time he was threatened with charges of sedition.

Edwin has also received several threatening calls on his cell phone which usually occur at nightime.

On October 7, 2009, he was attacked with rubber bullets while participating in a demonstration outside the U.S. Embassy in Tegucigalpa. On February 25, 2010, police took photographs of the license plates of his car while he attended a demonstration of the Resistencia. In the first week of April 2010, the police threatened motorcyclists of the Resistencia, Los Patriotas, of which Edwin forms part of, that if they went out on motorcycles they would be repressed and during the march they took photographs of the motorcycle license plates that were parked in the parking lot of the STIBYS. The marches continued Los Patriotas continued supporting with their motorcycles.

On 10 April, after the march, Edwin gave his motorcycle and helmets Ebenor Gerson Vilchez and his girlfriend. In Comayagüela City, between the Second and Fourth Street, an unknown vehicle struck the motorcycle that Gerson was driving. Due to the severity of the injuries he died 40 minutes later.

Request

COFADEH makes a call to national and international community to:

Demand that the Honduran authorities guarantee the safety of Edwin Róbelo Espinal Young, to carry out a prompt, thorough and impartial investigation into the acts of intimidation, illegal arrests and torture that violate fundamental human rights of Edwin Róbelo, to make public the results and bring those responsible for these acts to justice.

Ensure the safety of all people exercising their right to association and free expression.

Direct their communications to the following authorities:

Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 269-3000 269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla


Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República.
Fax (504) 221-5667
Tel (504) 221-5670 221-3099
Mail: lrubi@mp.hn Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
suazog@mp.hn

Fuente: ResistenciaHonduras.net

Representantes de Lobo Sosa y Zelaya a reunión a WashingtonRepresentantes de Lobo Sosa y Zelaya a reunión a Washington

Representantes del presidente Porfirio Lobo Sosa y del exmandatario Manuel Zelaya Rosales se reunirán en Washington, Estados Unidos, para darle seguimiento a la conformación de la comisión de alto nivel que nombrará el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza...

Lo anterior lo confirmó ayer el canciller Mario Canahuati en el marco de la juramentación de tres nuevos embajadores realizada en Relaciones Exteriores.

La comisión de alto nivel tendrá como principal tarea estudiar las condiciones que permitan el regreso de Honduras al organismo, y deberá ofrecer un informe a más tardar el 30 del presente mes.

Canahuati dijo que tiene entendido que el 6 de este mes viaja el representante de Lobo Sosa, Arturo Corrales, a Washington para reunirse con Jorge Arturo Reina y Rodil Rivera Rodil, quienes representan a Zelaya Rosales.

“Lo único que sabemos es que van a tener una reunión para poder darle seguimiento a lo que es la conformación de esta comisión de alto nivel”, señaló.

Consideró que los representantes de Lobo Sosa y Zelaya Rosales compartirán información con los miembros de la comisión de alto nivel de la OEA.

Fuente: elprogresoresiste.codigosur.net

Por estas fechas en 1954 EEUU sojuzgaba la soberanía centroamericana. Aún nos duele y no olvidamos!

Discurso del Cnel. Jacobo Arbenz el 27 de junio de 1954


Fuente: PaysDesVolcans

Denuncia de Bertha Cáceres por abuso de autoridad y detención ilegal

El COPINH es una organización que después del golpe de estado ha recibido un sin numero de amenazas y hostigamiento hacia sus activistas. En ese contexto hacemos esta denuncia de estos hechos.

El día 27 de junio fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria, los compañeros Román Castro y Bertha Cáceres miembros del COPINH.

En el caso de Bertha, los hechos fueron los siguientes.

A partir de una llamada relacionada con la organización de las actividades del día 28 de junio, aniversario de la resistencia, y con la denuncia de que el señor Castro había sido detenido, Berta, en su calidad de coordinadora general del COPINH se encaminó al centro Utopía, a la altura de la posta policial que sale de La Esperanza hacia Siguatepeque se detuvo debido a que en este lugar estaba detenido el carro de la organización. Cuando se bajó y se acercó al inspector a cargo, de apellido Velásquez, presentándose como directiva del COPINH y preguntando por las razones de la detención del vehículo y sus ocupantes, éste le respondió que seguro andaban robando. Ella le dijo que eso era una acusación muy seria y que él no la podía hacer, a lo cual le respondió que él podía hacer lo que le daba la gana, Bertha dijo que eso era ilegal y que además le habían notificado que ellos les habían quitado 400 declaraciones soberanas a los compañeros y que le exigía se le devolvieran; además le dijo, que con la Nueva Constitución se iba a abolir el ejército y la policía corrupta y represiva. El inspector Velásquez se violentó y ordenó la detención de Bertha, ella le respondió que no tenía porqué y él volvió a decirle que él hacía lo que le daba la gana. En ese momento atacó a Bertha agarrándola del brazo y dándole un golpe en la espalda. Mientras les decía a los policías, más o menos 15 de ellos, que le quitaran a esa mujer porque si no le iba a dar un mal golpe. Los policías la subieron a la patrulla y la llevaron a la estación. En ese lugar no le leyeron sus derechos ni le hicieron ninguna acusación formal, sin embargo la detuvieron por un tiempo como de dos horas. Al lugar llegó el Comisionado Fuentes, y le manifestó que lamentaba esta acción y que lo mejor era que firmaran una acta, pero Bertha se opuso pues no había razón para ello. La dejaron libre y en ese momento ella manifestó que había otro compañero detenido y que querían que lo sacaran.

Ambos fueron puestos en libertad.
Fueron devueltas las 400 declaraciones soberanas y este día 29 de junio se interpuso una denuncia de parte de Bertha Cáceres, coordinadora general del COPINH, ante el Ministerio Público, en contra del Inspector Velásquez y agentes de la policía preventiva por el delito de abuso de autoridad y detención ilegal.

Es muy importante decir que la compañera Bertha Càceres, al igual que toda la militancia del COPINH, tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Intibucá, 29 junio 2010

Fuente: COPINH

Repudio y preocupación por la detención ilegal seguido de torturas que fue objeto Edwin Róbelo Espinal

Acción Urgente

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresa su total repudio y preocupación por la detención ilegal seguido de torturas[1] que fue objeto Edwin Róbelo Espinal por parte de agentes de la Policía Nacional Preventiva.

El 30 de junio a las 11:30 p.m. Edwin Róbelo Espinal se encontraba en su Barrio La Flor del Campo, a cinco cuadras de su residencia, cuando llegaron cinco policías basados en la estación Policial de la Flor del Campo, al mando del agente Vargas y le requirieron su licencia de conducir, Edwin les mostró su tarjeta de identidad, que era el documento que necesitaba portar debido a que no estaba conduciendo no necesitaba acreditar su licencia de conducir. En ese momento le comenzaron a golear y el agente Vargas le roció gas pimienta en sus ojos y con un bastón eléctrico le aplicó toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo especialmente en las piernas y en oído.

Luego lo obligaron a subir a una patrulla en la que le estuvieron haciendo recorridos erráticos por diferentes calles durante 45 minutos, trayecto en el cual lo amenazaban diciéndole que era comunista, zelayista y “dejá de estar en esa mierda de la resistencia”, después de amenazarle y tomarle fotos, lo trasladaron a la Cuarta Estación Policial, antes de bajarlo de la patrulla lo empujaron con la intención de que perdiera el equilibrio y cayera, también le volvieron a aplicar gas pimienta y lo introdujeron a una celda. Cuando le aplicaban el gas pimienta, un agente le dijo que con ese gas iban a matar a todos los civiles - Edwin perdió a su joven esposa Wendy Elizabeth Ávila de una Congestión pulmonar después de haber aspirado gas pimienta el 22 de septiembre de 2009 durante la represión y suspensión de garantías constitucionales. En la Estación Policial le informaron que se le detenía por estado de ebriedad y escándalo público. Edwin Róbelo no ingiere bebidas Alcohólicas. Fue liberado a las 10:30 a.m. del día 01 de julio de 2010 por intervención de la Coordinadora del Cofadeh.

Antecedentes:

Edwin Róbelo Espinal ha sido sujeto de múltiples capturas después del golpe de Estado, todas siguiendo el mismo patrón de malos tratos. El 14 de noviembre de 2009, fue detenido por agentes de la policía durante el desarrollo de la Caravana de la Resistencia en la Colonia San Miguel de Tegucigalpa, en esta ocasión -la policía- sin motivo alguno comenzó a golpear y a detener a los manifestante que se habían quedado al final de la Caravana, como Edwin preguntó porque razón los maltrataban, ocho agentes lo tomaron de la camisa lo esposaron y a empellones lo subieron a la patrulla, lo condujeron junto otro manifestante a la Cuarta Estación Policial y les acusaron de manchar las paredes con consignas de la Resistencia, el Joven con el que fue detenido no sabía leer ni escribir. Permaneció detenido o por espacio de seis horas, durante ese tiempo le amenazaban con acusarlo de sedición.

También ha recibido una serie de llamadas amenazantes en su teléfono celular generalmente se producen en horas de la noche.

El 07 de octubre de 2009, fue atacado con balas de goma mientras participaba de una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. El 25 de febrero de 2010, policías plenamente identificados tomaron fotografías de su persona y de las placas de su carro mientras participaba de la manifestación de la Resistencia Contra el Golpe de Estado. En la primera semana de abril de 2010 la policía amenazó a los motociclistas de la resistencia denominados los Patriotas de la que Edwin es parte, que si salían en motocicletas les iban a reprimir y le tomaron fotografías a las placas de las motocicletas que se encontraban estacionadas en el parqueo del STIBYS. Las marchas continuaron realizándose y los Patriotas apoyando en motocicletas.

El 10 de abril, después de la marcha, Edwin prestó su motocicleta y cascos a Gerson Ebenor Vilchez y a la novia de este. En la Ciudad de Comayagüela, entre la segunda y cuarta calle, un vehículo desconocido impactó contra la motocicleta que conducía Gerson. Por la gravedad de las heridas murió 40 minutos después.

Solicitud

El Cofadeh llama a la comunidad nacional e internacional a:

Exigir a las autoridades hondureñas que garanticen la seguridad del Joven Edwin Róbelo Espinal y que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de intimidación, Detenciones ilegales y tortura que violentan los derechos fundamentales y humanos de Edwin Róbelo, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de estos actos ante la justicia.

Garantizar la seguridad de toda la población que ejerce su derecho a la asociación y libre manifestación.

Dirigir sus Comunicaciones a las autoridades siguientes:

Jorge Alberto Rivera Avilés

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Tel (504) 269-3000 269-3069

Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Luis Alberto Rubí

Fiscal General de la República.

Fax (504) 221-5667

Tel (504) 221-5670 221-3099

Mail: lrubi@mp.hn

suazog@mp.hn



[1] ARTÍCULO 68.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ARTICULO 69.- La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente